Según investigó Amplitud Independiente, el litigio de Verón marca sólo el comienzo de lo que promete ser un largo derrotero judicial producto de los compromisos no cumplidos por el Rey de Copas. Cada uno de los jugadores que reclame la libertad de acción por incumplimiento salarial podría también tomar la decisión de accionar legalmente. Por supuesto que después la justicia tendrá la última palabra al emitir su fallo –que inclusive puede ser apelado-, pero el riesgo de que la institución sufra una avalancha de demandas en su contra es una posibilidad concreta, peligrosa y no tan lejana.
Por el momento Verón y Silva dieron el puntapié inicial, aunque los abogados de Cecilio Domínguez amenazan con continuar por la misma vía. Martín Campaña es otro de los jugadores que intimó al club para que se le deposite el saldo pendiente y permanece en pie guerra. A Pablo Hernández, quien está listo para volver al ruedo tras su lesión, se le adeudan unos 450 mil dólares y si bien, en principio, habría diálogo con los directivos para solucionar el tema aún no hay nada resuelto. ¿Serán nuevos focos de conflicto? Al tratarse en estos casos de profesionales extranjeros todos tienen dos opciones a la hora de reclamar: pueden recurrir a FIFA –donde suelen acelerarse los procesos- o radicar la causa en la justicia laboral del país en que trabajan. La legislación argentina ofrece algunos beneficios, pero el fuero laboral no suele ser demasiado expeditivo con las demandas de trabajadores.
Gonzalo Verón, el primero en ir a juicio con el club por su pase
“El camino de Verón es el que van a seguir los jugadores que se declaran libre por falta de pago. Es lo que se le viene a Independiente”, resumen desde un importante estudio jurídico especializado en derecho deportivo. “La libertad de acción y el litigio judicial son dos cosas distintas. Fuera cual fuera la causal de ruptura del contrato de trabajo, la AFA o la FIFA debe declarar libre al futbolista. Después se resolverá que parte tiene razón y, en consecuencia, cuál deberá abonar la indemnización correspondiente”, agregan. El delantero que acaba de finalizar su préstamo con Aldosivi solicitó a principios de año que el Rojo cumpliera con 1,3 millones de dólares en concepto de deudas del contrato y la cláusula de salida de la MLS que él mismo ejecutó. Ante la negativa del club, Verón se declaró en libertad de acción a través de un telegrama. No obstante, su abogado José Ernesto Confalonieri presentó una demanda que quedó radicada en el Tribunal de Trabajo Nº 2 de Avellaneda en marzo. El letrado, quien integra el equipo de asesoramiento legal de Agremiados, suele ser tan reconocido como apuntado por su labor. En el sindicato lo valoran, aunque dirigentes de clubes le achacan que impulsa a los jugadores a judicializar los reclamos favoreciendo de este modo la “industria del juicio”.
Por su parte Silva hace casi dos meses informó por mail al club que por falta de pago se consideraba despedido. Así dejó de entrenarse con el plantel y pidió la libertad de acción. El abogado de Independiente, Ariel Reck, respondió que la vía elegida por el jugador y el procedimiento no eran los correspondientes, por lo que consideró que “la situación puede tener una vuelta atrás”. Sin embargo, el uruguayo respondió ampliando el reclamo ante FIFA por 2 millones de dólares, tema que espera resolución. Especialistas en derecho deportivo coinciden en que si el jugador es extranjero la FIFA es competente, salvo que el país en que se desempeña tenga un Convenio Colectivo de Trabajo. En Argentina la relación laboral de los futbolistas está regida por el Estatuto del Futbolista (Ley N° 20.160), la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744) y el Convenio aplicable a la actividad (CCT 557/09). Este último, en su artículo 13, establece que el jugador cuando hay deuda debe intimar al club fehacientemente, informar el monto total y los conceptos. En caso de que en 48 horas no se le deposite el dinero en Agremiados, recién entonces el jugador puede considerarse libre.
“Antes de la extinción del contrato el jugador tiene que enviar una intimación previa, ya sea por convenio colectivo o por FIFA. Va a haber un problema de legislación aplicada y dependerá de quien resuelva. En este caso está además el problema de la notificación por mail. Hay que ver si la consideran fehaciente en este contexto de pandemia”, explica uno de los letrados consultados sobre la situación del uruguayo. En tanto que en el caso de Cecilio Dominguez, a pesar del plan de pagos que se había acordado, surgieron inconvenientes por el valor del dólar. El panorama llevó al paraguayo a manifestar que no continuará en el Orgullo Nacional. Ahora resta confirmar en qué términos se producirá su partida. “El plan de pagos si es un acuerdo verbal en principio no es legal, salvo que se lo pueda probar. Si los dirigentes le prometieron de palabra y no cumplieron, Domínguez está en la misma situación que los jugadores que intimaron. Se puede patear el problema para adelante, pero en algún momento hay que pagar los platos rotos”, asegura un experimentado abogado que conoce de esta clase de litigios.
Silva, de jugador clave a una salida más que turbulenta
Los directivos se muestran confiados en salir airosos de tribunales frente a estos problemas que –vale remarcar- ellos mismos engendraron con sus sistemáticos incumplimientos. ¿Pero cuál es el problema de judicializar los conflictos con los futbolistas que se reconocen libres? No sólo se trata de que la institución pierda patrimonio al no poder transferir a los jugadores para recuperar lo invertido. Llegado el momento la justicia podría fallar en contra y así el Rojo debería afrontar sentencias que suponen el pago completo de los contratos y onerosas indemnizaciones. Las alarmas en la mitad roja de Avellaneda ya están encendidas.